Auditoría Energética

Actualmente los cuatro pozos de los cuales Repsol extrae crudo a 45 kilómetros de la costa Tarraconense y del Ebro producen al día 2.000 barriles de petróleo, cantidad que sólo representa el 2% del crudo que la planta de la compañía refina en Tarragona.

Con la entrada en funcionamiento de estos dos pozos nuevos, la aportación de caudal será de 7.000 barriles más, según las estimaciones de la compañía.

Montanazo D-5 y Lubina-1, los nombres con los que se han bautizado estos pozos, están situados a 8 kilómetros de la plataforma Casablanca y estarán conectados a esta instalación, desde la que enviarán el crudo al complejo petroquímico de Tarragona a través del oleoducto submarino de 43 kilómetros.

La empresa confía en obtener de forma inminente la autorización del Ministerio de Industria que le permita poner en marcha la extracción.

La petrolera ya intentó extraer crudo de allí en los 80, pero las dificultades técnicas de la época no lo hicieron rentable.

En el Lubina-1, para el que se estiman unas reservas recuperables de 2,9 millones de barriles, Repsol es el titular único, mientras que en el Montanazo D-5, con 1,2 millones de barriles recuperables, tiene el 75% de la sociedad que lo desarrolla. El resto pertenece a Gas Natural (17,7%) y Cepsa (7,3%).

En cuanto a las obras de modernización de Casablanca, la compañía estima una inversión de unos 40 millones de euros que le permitirán alargar la vida útil de la instalaciones 10 años más, los mismos que esperan continuar extrayendo crudo de Montanazo y Lubina.

La plataforma, la única en España de extracción de crudo, fue diseñada en un inicio para 10 años de vida útil y ya lleva 30 funcionando. Fue diseñada para extraer 60.000 barriles de crudo al día, una cifra que nunca llegó alcanzar.

Su máximo apogeo llegó en los años 80, cuando llegó a producir 46.000 barriles de crudo al día.

Repsol cancela su contrato con Enarsa y se reserva derecho a reclamar daños

Repsol dio por cancelado "por falta de cumplimiento" su contrato de suministro de gas con la estatal argentina Enarsa este viernes y se reservó el derecho a "reclamar daños", según un portavoz de la petrolera española.

Según este portavoz, Repsol envió una carta a Enarsa en la que se dice que "en virtud de varios aspectos", como el impago de un anterior cargamento y las peticiones de la empresa argentina para que aumentaran los precios de futuras partidas y se ampliaran las fechas para entregar estas, el contrato se considera "nulo por falta de cumplimiento".

La expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en la petrolera argentina YPF también era indicativa de que el contrato no se iba a cumplir, según este portavoz.

La compañía española informó además de que esta cancelación de contrato podría llevarla a "reclamar daños" a Enarsa.

Según informó Enresa, los trabajos comenzaron por los denominados internos superiores -placa superior soporte, columnas superiores soporte, columna superior de instrumentación, tubos guía de barras de control y placa superior del núcleo-, cuya misión consistía fundamentalmente en facilitar la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor, así como transmitir las cargas entre los componentes de esta zona superior del mismo.

El corte de los internos superiores tendrá una duración aproximada de tres meses. Después, se acometerá la segmentación de los internos inferiores, donde se alojaba el combustible que generaba la reacción nuclear, y de la propia vasija.

Todos estos trabajos se llevan a cabo bajo agua y mediante herramientas de corte mecánico manejadas a distancia. La duración estimada de esta fase del desmantelamiento será de más de dos años y medio de trabajos.

El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, la primera que entró en funcionamiento y la primera que será desmontada completamente en España, avanza de acuerdo con el programa establecido. Hasta llegar a este punto, el desmantelamiento de las partes activas, han sido necesarias distintas actividades previas.

Por un lado, se adaptaron diferentes sistemas, y adecuaron y prepararon las zonas de trabajo y se convirtió el antiguo edificio de turbina, una vez desmontados todos sus equipos y componentes, en un edificio destinado a acondicionar los residuos procedentes del reactor.

Además, para desarrollar una óptima gestión de materiales, se instaló y calibró un medidor de bajo fondo o "box counter" que servirá para determinar con exactitud el contenido radiológico de los materiales procedentes de áreas activas.

Además, el resultado neto se vio lastrado por el empeoramiento del resultado financiero y el tipo de cambio, apuntó la firma de energía fotovoltaica.

Por contra, el resultado bruto de explotación (ebitda) se quintuplicó y se situó en 1,1 millones de euros, gracias al plan de reducción de costes puesto en marcha este año y que conllevó un recorte de los gastos de explotación en el primer trimestre del 40%, hasta 11,6 millones de euros.

La firma de renovables subrayó que, al igual que en ejercicios anteriores, el primer trimestre no debe considerarse como representativo del resultado de todo el año, por su escaso peso en el conjunto del ejercicio debido a la estacionalidad de las ventas.

Recientemente, Solaria comunicó la reformulación de sus cuentas de 2011, año en el que perdió 41 millones de euros frente a los beneficios de 6,5 millones que obtuvo en 2010, por determinados ajustes de saneamiento en el contexto de crisis económica y de "incertidumbre" en el sector fotovoltaico.

La empresa dijo que, pese a este resultado, sus inversiones destinadas a abastecer la demanda se incrementaron este trimestre en un 15,5% en comparación con igual período del año anterior.

Las inversiones alcanzaron así en este trimestre a 99,6 millones de pesos (22,2 millones de dólares).

La empresa registró en los primeros tres meses del año una pérdida operativa de 111,2 millones de pesos (24,8 millones de dólares), frente a un rojo de 53,4 millones de pesos (11,9 millones de dólares) en igual período del año anterior.

La distribuidora había registrado en el primer trimestre de 2011 unas pérdidas netas por 37,2 millones de pesos (8,3 millones de dólares) y cerró el año pasado con un rojo de 461 millones de pesos (103,1 millones de dólares), 770 por ciento más que la pérdida obtenida en 2010.

Edesur, que presta servicios de suministro de electricidad en la capital argentina y su periferia, está controlada por Distrilec Inversora, sociedad dueña del 56,3% de las acciones y controlada por Endesa y en la que también participa la brasileña Petrobras.

El plan no contempla de momento imponer recortes obligatorios, tal y como se hizo el verano pasado en la zona de Tokio y en el noreste del país tras el accidente en la planta atómica de Fukushima.

A través del programa presentado, el Ejecutivo pedirá a consumidores de la región de Kansai (centro), que incluye ciudades muy pobladas como Osaka y Kioto, que recorten su consumo en un 15% con respecto al nivel de 2010, año en el que se registró el verano más caluroso en Japón desde 1898.

El verano es la época de mayor consumo en el país debido a que las altas temperaturas y la humedad disparan el uso de aires acondicionados.

La campaña pidió que esta reducción del consumo se lleve a cabo los días de semana, entre las 9.00 y las 20.00, entre el 2 de julio y el 7 de septiembre.

El debate generado sobre la seguridad en las centrales a raíz de la crisis nuclear en Fukushima motivó que Japón, que obtenía un 30% de la electricidad a partir de la fusión atómica, mantenga actualmente detenidos sus 54 reactores atómicos.

Por ello, la región de Kansai, cuya empresa eléctrica regional era la que más dependía de la energía nuclear de todo el país antes del accidente en Fukushima, es el área en la que se pide un ahorro más severo. El plan también solicitó un ahorro del 10% a los consumidores de la región de Kyushu (suroeste), del 7% a los de Hokkaido (norte) y Shikoku (suroeste), y del 5% a los de Chubu (centro), Chugoku (suroeste) y Hokuriku (noroeste).

Las únicas regiones exentas son las de Okinawa (sur), donde no existen reactores nucleares, Tohoku (noreste) y Kanto (centro), donde se sitúa la capital, Tokio. En estas dos últimas regiones, el reciente aumento de la generación térmica de electricidad hace que el suministro sea ahora más estable que en otras zonas.

Los responsables de Fukushima carecían de "sentido de crisis"

Por otra parte, la comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente en la central nuclear de Fukushima determinó que los funcionarios encargados de gestionar el asunto carecían de un "sentido de crisis", según informa la cadena NHK.

La presidenta de dicha comisión, Kiyoshi Kurokawa, dio a conocer las conclusiones después de entrevistar al viceministro de Economía, Comercio e Industria en el momento del accidente, Kazuo Matsunaga.

Kurokawa reveló que el ex viceministro rehusó determinar su responsabilidad por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente nuclear como consecuencia de un desastre natural, antes de que ocurriera, y por la respuesta a la emergencia, después.

Interrogado sobre las tareas de evacuación en los municipios cercanos a la central nuclear, Matsunaga se limitó a contestar que tenía conocimiento de que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria había delegado esta función en la Agencia de Seguridad Nuclear.

Kurokawa indicó que la comisión de investigación entregará su informe final sobre las causas del accidente en la central nuclear hacia el mes de junio.

Más de 32.000 toneladas de barro radiactivo

Asimismo, se conoció que los municipios de la prefectura de Fukushima, ubicada en el noreste de Japón, poseen más de 32.000 toneladas de barro radiactivo como consecuencia del accidente en la central nuclear de Fukushima, pero se niegan a procesarlo por cuestiones de seguridad.

La cadena NHK realizó un estudio en el que preguntó a las autoridades de la prefectura de Fukushima y a las de 26 municipios, entre otras entidades, cómo gestionaron el barro radiactivo que están acumulando en su territorio.

El 80% de las aproximadamente 39.000 toneladas de barro radiactivo existentes permanecen en almacenes especiales que contienen la radiactividad sin procesar por el miedo de la población local, lo que podría generar un problema de espacio a corto plazo.

En concreto, la localidad de Minamisoma, ubicada muy cerca de la central nuclear, informó de que posee 620 toneladas de barro radiactivo y advirtió de que podría rebasar la capacidad de su almacén hacia el mes de junio.

La legislación vigente en Fukushima establece que el barro radiactivo con más de 8.000 becquerelios por kilogramos puede y debe ser procesado por los municipios para eliminar por completo la radiactividad.

Antes del terremoto y el tsunami que sacudieron la prefectura el 11 de marzo de 2011, las autoridades de Fukushima procesaban el barro radiactivo y lo reciclaban como cemento o fertilizante. Ahora, las empresas encargadas del proceso se niegan a hacerlo por cuestiones de seguridad.

El secretario regional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) del sindicato UGT en Castilla y León, Manuel López, calificó la reunión como un "rotundo y estrepitoso fracaso".

López explicó que las primeras palabras de Marti fueron para reafirmar "punto por punto" las declaraciones por las que el ministro de Industria confirmó, hace una semana, la reducción en las partidas que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan para el sector y que, según afirmó la patronal, lo hacen "inviable".

A lo largo de más de cinco horas de reunión, tanto la parte social como los representantes de la patronal Carbunión trataron de demostrar al Gobierno lo que sigue representando el carbón en las cuencas mineras desde el punto de vista económico y social.

Además, expusieron a Fernando Marti que cerrar el sector le cuesta "mucho más" al Estado que mantenerlo abierto y que a las cuencas mineras no se les puede "irrumpir su futuro cortándoles radicalmente su reactivación".

"Hemos intentado argumentar y agotar hasta el último minuto las posibilidades de un acuerdo; quien ha roto y quien ha abandonado la mesa ha sido el propio Gobierno", recalcó López, quien aseguró que el sector minero se encuentra en el peor escenario de los últimos 25 años.

Para el sindicalista, la postura del Gobierno Central demuestra que planteó "una estrategia" desde el punto de vista político con la que pretendieron aprovechar la situación de crisis que vive el país para "cerrar definitivamente" las explotaciones carboneras. "Hoy nos encontramos en un escenario radicalmente distinto de lo que ha sido la historia de la minería desde el punto de vista social, sindical y empresarial de la minería hasta el punto de que abandonaron la reunión dando por rota definitivamente la estructura de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón", insistió López.

El responsable de la Fitg-UGT en Castilla y León quiso dejar claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy será el único responsable de lo que le pueda pasar a las cuencas mineras, especialmente el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Así, López le acusó de mentir "descaradamente" afirmado que apuesta por el sector cuando lo que está haciendo, según el sindicalista, es poner mecanismos "para su liquidación".

"Lo señalamos a él como primer responsable teniendo en cuenta que, por un lado, está intentado aniquilar un sector que para nosotros sigue siendo muy importante mientras prima los intereses de las petroleras en detrimento del único recurso autóctono que tiene el país", censuró López.

La parte social emprenderá reuniones informativas para que todos los habitantes y representantes políticos de las cuencas mineras sean copartícipes de la defensa del futuro en lo que podría ser el primer paso para su movilización social.

Así, convocó a sus delegados a una reunión en León en la que se les informará de la situación para, a partir de ahí, elaborar "un calendario de información para los habitantes de las cuencas mineras".

"Lo que salga de ahí saldrá con el acuerdo de todos", zanjó. Por su parte, fuentes de la patronal explicaron que los empresarios se sienten "engañados por el Gobierno y por el Partido Popular" e insistieron en que los recortes supondrán el cierre del sector.

UGT y CCOO exigen al Gobierno que "rectifique"

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, exigieron al Gobierno que "rectifique" y mantenga las ayudas al sector de la minería.

Los líderes sindicales hicieron este anuncio en Ablaña (Mieres), durante un acto para conmemorar los cincuenta años desde la huelga minera de 1962, conocida como "la huelgona".

En su intervención, Méndez señaló que "si se produce ese recorte tan brutal de las asignaciones anuales para la minería provocará un efecto demoledor de práctica afixia de la actividad minera".

Esta medida, según el líder de UGT, afectará a Asturias y a todas las comunidades con actividad, "como Palencia, Teruel y León y en las zonas en las que ya no hay actividad pero hay un compromiso para la reactivación". Además, insistió en que las partidas "estaban comprometidas y se deben de cumplir".

Fernández Toxo señaló que espera que "el exabrupto del Gobierno central no signifique una sentencia definitiva para la minería del carbón en Asturias, en León, en España en general".

A la vez, mostró su "confianza" en que "como en otras ocasiones, la voluntad de los mineros y de la población de las comarcas mineras hará que revierta esta situación y obligará al Gobierno a revocar esta decisión que condenaría a la desaparición de la minería en España". De esta forma, hacía referencia al anuncio de movilizaciones que, paradójicamente, coincide con el aniversario de "la huelgona".

Ponferrada espera que el Gobierno encuentre una solución

El alcalde de Ponferrada (León), Carlos López Riesco (PP), manifestó que el Gobierno de Mariano Rajoy debe "encontrar una fórmula" que permita la supervivencia de la minería puesto que se trata de un sector determinante para la economía tanto del Bierzo como de la Comunidad.

El regidor coincidió con los sindicatos a la hora de señalar que si el Ejecutivo apuesta por el sector del carbón debe dotarlo de fondos suficientes para garantizar su funcionamiento, mientras que si no es así, tienen que elaborar un plan de cierre.

"Lo que no puede ser es ni una cosa, ni la otra", consideró, en declaraciones a los periodistas, López Riesco, para quien es necesario disipar la incertidumbre que azota a la minería y conocer así cuál es su camino de cara al futuro.

En todo caso, el primer edil de la capital berciana se mostró "seguro" de que, de un modo u otro, el Gobierno encontrará una solución que permita mantener la actividad en las cuencas.

En esta línea, el alcalde popular confió en la gestión del consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, de quien dijo que conoce bien al sector.

"El Bierzo no puede asumir en estos momentos una pérdida de trabajo del calibre de la que puede ser en el caso del cierre de las explotaciones", concluyó.

La asociación mostró su satisfacción por la reducción de importaciones fósiles asociada al incremento de la actividad fotovoltaica e indicó que las cifras "pueden llevar a equívoco", ya que el incremento no responde a un mayor beneficio de las instalaciones, que "en el mejor de los casos se mantiene", sino al aumento en el número de instalaciones.

"El claro beneficiario de este aumento es el país, por el ahorro que supone en importación de gas y petróleo y la contribución a un medio ambiente sano", afirmó ANPIER.

En 2011, señaló, el sector fotovoltaico asumió el 62% de los recortes del sistema eléctrico, y en la actualidad vive una situación "dramática", que sitúa al 70% de las instalaciones al borde de la quiebra en los tres próximos años.

De esta forma, criticó el "oligopolio" de las grandes compañías eléctricas, que "en lugar de avanzar hacia la liberalización real, exigen al Estado una supuesta deuda de 24.000 millones de euros", argumento "falaz" que a su juicio "usan para frenar el desarrollo de las energías renovables".

Esta nueva planta de cogeneración de vapor, con una potencia instalada de 21,4 megavatios (MW), permitirá a Smurfit incrementar su capacidad de generación eléctrica en más de un 40%, al superar los 120.000 MW/h al año de energía renovable, con lo que tendrá una autosuficiencia energética del 65%.

Hasta ahora, la planta de Iurreta producía 80.000 MW/h al año de energía eléctrica renovable procedente de biomasa, usando como combustibles el licor negro, subproducto procedente de la cocción de la madera, y las cortezas generadas tanto en la planta de fabricación de papel como en los aserraderos.

A partir de ahora también se usará biomasa residual forestal procedente de operaciones en los bosques como podas, selección de brotes, clareos, cortas fitosanitarias y desbroces.

Este tipo de materia permanece como residuo en el monte, por lo que la nueva planta, explicó la compañía, ayudará a mantener los montes limpios, al tiempo que generará energía limpia.

Con esta nueva instalación Smufit Kappa Nervión incrementará su consumo de masa forestal en más de 40.000 toneladas al año, llegando a las 100.000.

Para la puesta en marcha de la planta fue necesario adquirir una trituradora capaz de procesar esta biomasa de origen forestal, construir un nuevo edificio para albergar el nuevo tubo generador de vapor y ampliar el sistema de refrigeración con cuatro nuevas torres.

Según informó Smufit Kappa Nervión cuando anunció el proyecto en 2009, la nueva central de biomasa permitirá una reducción de un 34% de las emisiones indirectas dióxido de carbono (CO2).

La empresa invirtió 50 millones de euros en el período 2008 y 2012 en la planta vizcaína para la mejora de calidad y eficiencia productiva, precisó.

Estas fuentes indicaron que entró en mora una cuota de unos 400 millones de dólares y que los bancos ya comunicaron al Grupo Petersen que quedaron en situación de cese de pagos los créditos concedidos para entrar como accionista en YPF, que acaba de ser expropiada a la española Repsol.

No obstante, el Grupo, propiedad de la familia del empresario argentino Enrique Eskenazi, acaba de anunciar su decisión de dejar de pagar los créditos, a pesar de que en un principio se pidió a los acreedores que le diesen un mayor plazo de pago, según consta en una carta remitida por un directivo del grupo, Mauro Dacomo, tanto a Repsol como al despacho de abogados Allen & Overy y a los agentes colaterales encargados de los préstamos. Tras el impago, un grupo de bancos internacionales podría quedarse en los próximos días con las acciones de Petersen en YPF.

Los bancos ahora pueden quedarse con los títulos de YPF en manos del moroso, cuando el valor bursátil de la compañía se desplomó como consecuencia de la expropiación, agregaron.

La expropiación de YPF a Repsol, vigente desde el 4 de mayo pasado, puso fin a un acuerdo empresarial por el cual el grupo argentino recurría al reparto de dividendos de la petrolera para cancelar las deudas contraídas al ingresar como socio.

En 2008, los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa concedieron un préstamo por unos 1.018 millones de dólares al Grupo Petersen para comprar el 14,09% de acciones de YPF a Repsol, que a su vez le prestó otros 1.015 millones de dólares, según las fuentes financieras.

El año pasado, al ampliar su participación al 25,46%, Petersen recibió un crédito por unos 670 millones de dólares de parte de los bancos Itaú, Standard Bank, Credit Suisse y Citi, y otro préstamo por una suma similar de manos de Repsol, agregaron las mismas fuentes.

Tras la expropiación, el accionariado de YPF se reparte entre el Estado argentino (26,03%), el Grupo Petersen (25,46%), las provincias petroleras (24,99%), Repsol (6,43%) y el 17% restante cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó la expropiación después de que Repsol recibiera múltiples acusaciones de no haber hecho las inversiones necesarias para aumentar la producción de hidrocarburos, extremo tajantemente negado por la firma española, que demandó al Estado argentino ante tribunales de Nueva York.

También Repsol respondió con una campaña publicitaria en la que negó los cargos y sostuvo que la política de reparto de dividendos fue avalada por el Gobierno argentino.

Repsol informó de que envió una carta a Fernández en la que declaró una controversia en el proceso de expropiación, con lo que dio el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional. Sin embargo, el Gobierno argentino no hizo ningún comentario sobre este asunto.

YPF, bajo intervención gubernamental y operada de forma provisional por el ingeniero en petróleo Miguel Galuccio, avisó a la Comisión de Valores de Nueva York (SEC) de que el mes próximo designará a un Comité de Auditoría para cumplir con regulaciones y evitar el cese de la cotización de sus acciones en ese mercado.

Para el 4 de junio próximo fue convocada una asamblea de accionistas de YPF para decidir, entre otros asuntos, la designación del nuevo directorio de la petrolera y convalidar el nombramiento de Galuccio como presidente de la empresa, la mayor de Argentina.

El estudio muestra que durante el primer trimestre del año se comercializaron en España 298 motos y ciclomotores eléctricos, un 65% más que el año anterior.

La mayor aceptación de las motos eléctricas, que podrían alcanzar una cuota del 5% para el año 2012, se debe a que carecen de las limitaciones o barreras de los coches en este segmento y cuentan con un precio de adquisición más asequible, mayor facilidad de recarga, duración de las baterías y bajo consumo.

Al contrario que en el coche eléctrico, que puede llegar a triplicar el coste de un modelo tradicional, los precios de las motos eléctricas son más asequibles al partir de unos 2.500 euros, no necesitan de puntos de recarga específicos y sus baterías son más pequeñas, lo que permite a algunos modelos alojar una de repuesto bajo el sillín.

La mayoría de las motos eléctricas que se venden en el mercado español son adaptaciones de modelos genéricos desarrollados y probados en China, India y otros países de Asia, destacando también la gran atomización del mercado, según datos de MSI para AutoScout24.

Las ayudas inicialmente previstas para este tipo de vehículos eran de una dotación de 49 millones de euros para el conjunto del año 2012, sin embargo vieron reducidos sus fondos a 10 millones de euros en el mes de febrero, una "marcha atrás que era de sentido común ante la falta de una demanda real", explicó el director general de AutoScout24, Gerardo Cabañas.

Las matriculaciones de vehículos híbridos caen un 32,5% en abril

Por otra parte, las matriculaciones de híbridos siguen la misma línea de caída que la de turismos en general y registraron en abril una caída del 32,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam).

Las ventas de híbridos en el acumulado de los cuatro primeros meses del año fueron un 8,5% menores al primer cuatrimestre de 2011, y sus matriculaciones cayeron en abril un 32,5%, superando así el descenso de las matriculaciones de turismos, que registraron una disminución del 21,7%.

Los vehículos híbridos de gasolina registraron una mayor demanda que los de diésel, ya que en los cuatro primeros meses del año se vendieron 3.162 vehículos de gasolina, frente a 227 de diésel, debido principalmente a que las marcas ofrecieron en su mayoría únicamente la opción de gasolina.

No obstante, desde enero a abril las matriculaciones de vehículos híbridos diésel se multiplicaron por cinco con respecto al año anterior como consecuencia de que las nuevas marcas que incorporan motores híbridos han comenzado a ofrecer la alternativa de motores diésel.

De esta forma, los datos muestran la complicada situación por la que atraviesa el sector, que no logra despegar en ninguno de sus segmentos, por lo que Aniacam estima que "el año 2012 se cerrará con un descenso de matriculaciones de híbridos con respecto a 2011, similar al resto del mercado".